La Renta Básica de Ciudadanía en pocas palabras

Síntesis de las principales características que definen la propuesta del Ingreso Garantizado o Renta Básica de Ciudadanía (RBC)

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Formulada bajo diversas denominaciones según los autores y países: dividendo social (social dividend); ingreso básico (basic income); ingreso garantizado (guaranteed income); ingreso ciudadano (citizen’s income); ingreso social (social income), (revenue social); rédito de ciudadanía (reditto de cittadinanza); salario del ciudadano (citizen’s wage), (bürgergehalt); subsidio universal (allocation universelle), (universal grant).

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1.- ¿Qué es?

Ingreso pagado por el Estado a cada ciudadano o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración, si es rico o pobre, o dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser sus otras posibles fuentes de renta y sin importar con quién conviva.

2.- ¿Qué no es?

La RBC no debe confundirse con las rentas de inserción y demás subsidios condicionados propios de las políticas asistenciales del Estado del bienestar. La RBC se configura como un derecho subjetivo equiparable por su universalidad e incondicionalidad al derecho del sufragio.

3.- ¿Qué ventajas presenta la RBC con respecto a los subsidios condicionados?

La simplificación administrativa (elimina el test de recursos), su carácter preventivo de la exclusión social (se garantiza ex ante), sus incentivos al empleo (elude las llamadas trampas de la pobreza y del desempleo por ser compatible con la percepción de rentas salariales o de cualquier tipo), excluye prácticas de clientelismo y “picaresca” (por su universalidad e incondicionalidad) y permite evitar la estigmatización social de los perceptores de “ayudas a pobres”.

4.- ¿Qué cuantía tendría?

Una cantidad similar al umbral de la pobreza. Según estudio de Arcarons, Raventós y otros en 2005 para Cataluña, unos 5.414,00 euros anuales libres de impuestos para los adultos, 2.707 euros anuales para los menores –cantidades sin actualizar a partir de datos de IRPF de 2003-.

5.- ¿Se puede financiar una RBC?

En el estudio referido en el apartado anterior, se acredita que es viable a través de una reforma del IRPF que garantizaría una redistribución de la renta más igualitaria y en la que, después de pagar el impuesto, el 70% de la población con renta más baja sale beneficiada, el 15% más rico pierde en relación con la situación actual y el 15% restante queda más o menos igual.

Otro estudio de Sanzo y Pinilla para la Fundación Alternativas (2006) parten de un impuesto negativo sobre la renta combinado con bonificaciones al empleo.

Luego hay otras propuestas a través de un impuesto o tasa específica sobre transacciones económicas no productivas (Tasa RB de Ramiro Pinto), o por medio del IVA u otros impuestos indirectos sobre el consumo.

En todos los casos, es imprescindible una decidida actuación para reducir el fraude fiscal.

También hay que tener en cuenta el ahorro que supondría las prestaciones sociales a las que la RBC vendría a sustituir.

En suma, la RBC es una opción política. Como lo es emplear miles de millones de euros en ayudar a los bancos. El problema no es fondos, sino de la voluntad política de destinarlos a los más necesitados, a los más dominados, en vez de a los poderosos.

6.- ¿Qué prestaciones sociales serían sustituidas por la RB?

La RBC sustituiría a las rentas mínimas de inserción y demás subsidios condicionados, ciertas ayudas y subvenciones, pensiones públicas no contributivas y a las actuales prestaciones públicas contributivas hasta la cuantía de la RBC.

Obviamente, la RBC actuaría para las pensiones contributivas como un mínimo o suelo, por debajo del que no podrían bajar, a partir del cual se podrían sumar las cuantías superiores resultantes con arreglo a las cotizaciones de cada trabajador durante su vida laboral.

7.- ¿Sustituiría la RBC a los servicios públicos del actual Estado del Bienestar?

La RBC no puedes ser una coartada para su desmantelamiento, sólo sustituiría a las prestaciones “monetarias” actualmente existentes, en la medida en que se encuentren por debajo de su cuantía. Por el contrario, todos los servicios “en especie” propios del Estado social: sanidad, educación, servicios sociales, cultura, deberían mantenerse. 

8.- ¿A qué problemas socioeconómicos da respuesta la RBC?

En la medida en que constituye una forma de acceso a la renta independiente de la realización de un trabajo remunerado, resulta altamente apropiada para sociedades con elevados y persistentes niveles de pobreza, de paro y de descontento relativo a las formas de trabajo y en las que las medidas tradicionales para la lucha contra tales problemas se han mostrado ineficaces.

9.- ¿Qué podría aportar la RBC en esta situación de crisis? 

Limitaría la inseguridad económica y vital por la pérdida de un puesto de trabajo.

Favorecería las actividades de auto-ocupación, las cooperativas y la economía social por reducir riesgos iniciales.

Haría las veces de caja de resistencia en caso de huelgas obreras prolongadas.

Evitaría eficazmente situaciones de pobreza

Garantizaría el sostenimiento del mercado interior y del consumo de las familias y, sobre todo, de los sectores más vulnerables. A nivel macroeconómico actuaría como un estabilizador de la demanda.

10.- ¿Trabajaría la gente con una RBC?

No hay base para responder negativamente a esa pregunta.

La realización de horas extras por parte de muchos trabajadores con salario digno, por un lado, y el desempeño de actividades remuneradas por parte de personas jubiladas anticipadamente, por otro, indican que la introducción de una RBC no conduciría a una contracción de la oferta de trabajo remunerado.

Al contrario, estudios empíricos y simulaciones predicen sólo una pequeña retirada del mercado de trabajo por parte de trabajadores con empleos precarios, mal pagados o desagradables. Otros muestran como el estímulo a aceptar un empleo por parte de aquellos que hoy cobran prestaciones sociales sería mucho mayor con una RBC, desde el momento en que sería acumulable a cualquier renta de trabajo (trampas del paro y la pobreza).

Igualmente hay estudios (v.g. sobre sueldo vitalicio Nescafé o “win for life”) que demuestran que la percepción de un ingreso garantizado vitalicio no lleva a necesariamente a dejar de trabajar, por lo menos, si dejamos de considerar al trabajo asalariado como la único forma de trabajo socialmente útil.

En cualquier caso, la RBC permitiría a todas las personas, especialmente a las más desfavorecidas, tener mayores oportunidades para llevar a cabo los planes de vida que puedan escoger para sí mismas y favorecería el reconocimiento de otras formas de trabajo, tan útiles socialmente o más que el trabajo remunerado como el trabajo voluntario en ONGs, el cuidado de otros o el trabajo doméstico.

Incluso, combinada con una reducción de la jornada laboral, la RBC podría favorecer la creación de nuevos empleos al permitir que muchas personas, al disponer del “colchón” económico de la RBC, pudieran optar por trabajar remuneradamente a tiempo parcial, para dedicarse a otras actividades formativas, familiares, deportivas, artísticas, políticas, sindicales o lúdicas, de tal modo que otros pudieran cubrir el espacio laboral que ellos dejaran libre.

En cualquier caso, la RBC, en cuanto ingreso garantizado, “desmercantilizaría” la fuerza de trabajo y liberaría a mucha gente de la presión de encontrar, o mantener, una ocupación asalariada a cualquier precio, lo que, por una parte, aumentaría el poder de negociación, colectivo e individual, de los trabajadores y, por otra, obligaría a los empresarios a ofrecer condiciones más atractivas para algunos empleos (v.g. trabajos penosos).

En suma, la RBC podría favorecer un derecho al trabajo más efectivo y deseable y un mejor reparto del trabajo en sentido amplio –no sólo del asalariado- entre toda la ciudadanía, de forma no coercitiva ni autoritaria.

11.- ¿La cobrarían también los ricos?

Sí, porque sería un derecho subjetivo universal e incondicional como el sufragio. Pero, como su aplicación parte de una necesaria reforma tributaria en sentido progresivo, con una RBC la situación de los más ricos quedaría peor después de impuestos, mientras que la inmensa mayoría de las personas menos favorecidas mejorarían su situación y su renta se incrementaría.

En este sentido, el efecto de la RBC sería netamente redistributivo y fomentaría un reparto más igualitario de los recursos.

12.- ¿Incrementaría el efecto llamada para la inmigración?

Según la mayoría de las propuestas, percibirían la RBC los ciudadanos de pleno derecho y los residentes con más de cinco años de antigüedad.

No provocaría una mayor llegada de inmigrantes procedentes del tercer Mundo. En todo caso, no más que cualquier otra medida de protección social, ya que el flujo de inmigrantes es, sobre todo, debido a la abismal desigualdad política y social entre países ricos y pobres.

13.- ¿Aumentaría la inflación?

No. Estudios y simulaciones demuestran que únicamente podrían subir los precios de algunos productos suntuarios o de lujo. En ningún caso de los productos básicos (alimentación, vestido, transporte, vivienda…) 

14.- ¿En qué ámbito territorial podría aplicarse?

Como mínimo en el ámbito estatal. Hubo alguna propuesta en el Parlamento Europeo de aplicación en los Estados de la zona euro (eurodividend). Se esta preparando una iniciativa legislativa popular para presentar en el Parlamento Europeo

15.- ¿A quién beneficiaría una RBC?

La RBC entendida como forma de garantizar las condiciones materiales de la existencia aumentaría la libertad de la ciudadanía; posibilitando a la mayoría de las personas articular planes de vida propios y llevarlos efectivamente a la práctica y, en especial, a los sectores más vulnerables:

Mujeres a cargo de familias monoparentales al asignarles de unos mayores recursos, o mujeres en situación de dependencia económica conyugal que al dotarles de mayor independencia económica les ayudaría a crear un “contrapoder” doméstico o a poner fin a la convivencia si no fuera deseada.

Jóvenes en cuanto les facilitaría acceder a la emancipación de la vivienda familiar y aun mayor autogobierno sobre su futuro.

Trabajadores y en especial a los trabajadores precarios por incrementar su poder negociación (vid. apartado 10).

16.- ¿Es la RBC compatible con el capitalismo?

Hoy por hoy, es una medida reformista, compatible con el libre mercado, como el resto de derechos políticos y sociales vigentes.

No obstante, la idea de garantizar el derecho a una existencia económica y social digna a todas las personas, por el simple hecho de ser ciudadanos y ciudadanas, puede tener tanta fuerza de profundización democrática como la idea del sufragio universal hace un siglo aproximadamente

Incluso hay autores (Wright) que consideran que una RBC, de cuantía generosa, podría facilitar el tránsito a una sociedad socialista por implicar una desmercantilización de la fuerza de trabajo, favorecer la economía social alternativa y potenciar el poder colectivo e individual de los trabajadores.

17.- ¿Cuál es la situación de la RBC en la agenda política oficial de España?

La anterior legislatura quedó pendiente de ratificación por el pleno del Congreso de los Diputados la constitución de una subcomisión parlamentaria de estudio sobre su implantación, a propuesta de IU-ICV y ERC. No se espera que en la presente se retome la propuesta.

En la actual legislatura se ha presentado recientemente una moción en el Senado instando a su estudio e implantación por los dos senadores de IU que están dentro del Grupo Mixto.

Algunos partidos, como IU, ICV, ERC o EQUO la incluyen, de una forma u otra, en sus programas electorales.

Entre los sindicatos, únicamente la asume expresamente el sindicato vasco ESK.

18.- ¿Qué movimientos sociales defienden la implantación de una RBC en España?

Entre otros, la Asociación Red Renta Básica (www. redrentabasica.org) y Attac (www.attacmadrid.org) 

Una auténtica renta básica de ciudadanía no sólo es posible: en tiempos de crisis es imprescindible

Uno de cada cinco españoles vive con ingresos situados por debajo del umbral de pobreza relativa. Ocho millones y medio de pobres en una nación como la nuestra es una realidad política y moralmente inadmisible. Una renta mínima de ciudadanía, garantizada por el Estado, acabaría con esta situación, y su coste sería sensiblemente inferior al que ha significado salir al rescate de los banqueros causantes de la crisis.

CIVE PÉREZ

La pobreza estructural en la que vive un 20% de la población española no es producto de la crisis actual desencadenada por la delincuencia financiera internacional. Sino que viene de lejos. El informe sobre Condiciones de vida de la población pobre en España, publicado en 1998 por la Fundación Foessa, vinculada a Cáritas Española, puso de relieve esa sangrante realidad sobre la que los políticos y los agentes sociales pasan de puntillas procurando mirar hacia otro lado. En octubre de 2008, apareció el VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España de la citada fundación. La principal conclusión del documento es que el incremento de la actividad económica, reflejado en el espectacular crecimiento del Producto Interior Bruto durante los últimos diez años, no ha tenido apenas efecto sobre la redistribución de la riqueza ni en la mitigación de la pobreza.

Las cifras son coincidentes con las que anualmente publica la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) elaborada por el INE. Lo que demuestra que en nuestro país la pobreza convive también con esas épocas doradas de plétora económica y derroche consumista. Al fin y al cabo, alguien tenía que pagar esos Porsches Cayennes a bordo de los cuales se pasean los especuladores. Como apuntó Adam Smith, el profeta del liberalismo: “Cuando hay grandes propiedades hay grandes desigualdades. Por cada hombre muy rico debe haber al menos quinientos pobres” (Una Investigación sobre la Riqueza de las Naciones).

Thomas Paine, un temprano defensor de los derechos humanos, también rechazó con contundencia que la pobreza sea una cualidad inherente a la condición natural del ser humano. Escritor y activista revolucionario que jugó un destacado papel en el proceso de independencia de los Estados Unidos de América del Norte, en 1776, Paine afirmó que: “Si ese estado que se llama orgullosamente, quizá de modo erróneo, civilización ha promovido más la felicidad general del hombre o la ha dañado más es una cuestión que puede ser fuertemente contestada. […]. Lo más opulento y lo más miserable de la especie humana se encontrarán en los países que se llaman civilizados”.

Pobres por decreto

Como demuestra el panorama de la civilizada España actual, la pobreza no depende tanto del tamaño de la riqueza de una nación como del carácter de las opciones políticas que adopten sus gobiernos. Con el mismo presupuesto se puede elegir entre comprar cañones o mantequilla. Gran parte de los ocho millones y medio de pobres españoles lo son por decreto. Y esta afirmación no es mera retórica: se trata de personas que dependen de ingresos cuya cuantía ha sido deliberadamente establecida por debajo del umbral de pobreza por los políticos rectores del sistema de protección social. La acción de gobierno se sustancia a través de decretos. De manera que es por decreto como se establece la pobreza de millones de jubilados que reciben pensiones mínimas, de los perceptores de pensiones asistenciales y de quienes reciben prestaciones del subsidio por desempleo. Todos ellos son pobres en virtud de Reales Decretos-Leyes sancionados por el Jefe del Estado.

Algo parecido sucede con esas rentas de indigencia que los servicios sociales de las administraciones autonómicas facilitan a las personas que acreditan hallarse en situación de evidente pobreza. Prestaciones de cuantía asimismo por debajo del umbral de pobreza. Para tener derecho a ellas, los interesados, al igual que los antiguos pobres de solemnidad, deben acreditar su pobreza sometiéndose a las severas y a menudo humillantes inspecciones que efectúan dichos servicios. Si superan lo que en el argot administrativo asistencial se conoce como prueba de recursos (means test) obtendrán entonces alguna de esas ayudas. Concedidas, eso sí, bajo ese principio de la hipocresía política que persigue la “inserción social” de los afectados.

Hacia un Ingreso de Ciudadanía

Un genuino ciudadano no necesita ser insertado en ningún lugar, pues, por propio derecho, forma parte del cuerpo social en el que reside la soberanía. Por ello, en el pensamiento político avanzado cobra cada vez mayor fuerza la propuesta de establecer un ingreso de ciudadanía. O lo que es lo mismo: una renta pagada por el Gobierno, con carácter universal, que ofrezca a todas las personas la garantía de que no les ha de faltar un suelo material mínimo sobre el que construir una vida en libertad.

La primera formulación de este derecho se la debemos al mentado Thomas Paine, quien propuso crear un fondo nacional, del cual se pagaría a cada persona, al alcanzar la edad de veintiún años, “la suma de quince libras esterlinas, como compensación parcial por la pérdida de su herencia natural causada por la introducción del sistema de propiedad territorial. Y además, la suma de diez libras al año, de por vida, a cada persona actualmente viva de cincuenta años de edad, y a todos los demás cuando alcancen esa edad.” Nótese que el ingreso propuesto por el republicano Paine tiene un carácter de derecho civil, nada que ver con un socorro de pobres: “Al defender el caso de las personas así desposeídas —dice Paine— estoy haciendo un alegato por un derecho, y no por una caridad”.

Esta idea ha sido defendida posteriormente por eximias personalidades del mundo de la ciencia, como Norbert Wiener o J. Robert Oppenheimer, de la economía y de las letras.

A partir de 1985, la idea fue relanzada con fuerza desde la Universidad de Lovaina por el colectivo Charles Fourier, liderado por Philippe Van Parijs y Robert Van der Veen. Este grupo fue el precursor del actual movimiento internacional Basic Income Earth Network (BIEN) que aboga por el establecimiento del ingreso garantizado definido como: Un ingreso pagado por el Estado a cada miembro pleno de la sociedad de forma absolutamente incondicional. Lo que que implica que lo recibirá cada persona: a) incluso si no quiere trabajar; b) sin tener en cuenta si es rico o pobre; c) sin importar con quien vive; d) con independencia de la parte del país en la que viva.

Una renta que no tenga la contrapartida del trabajo suscita abundantes críticas nucleadas en torno al tópico fácil de la holgazanería. Sin embargo, el Nobel de Economía Herbert A. Simon sostiene que, probablemente, no menos de un 90% de los ingresos generados en las sociedades ricas depende no de la productividad individual, sino del capital social. De manera que no carecería de fundamento moral abogar por un impuesto sobre la renta con tipos elevados, que devolviera la riqueza a sus auténticos propietarios: el cuerpo social en su conjunto.

Las amplias discusiones celebradas a nivel académico demostraron que las objeciones a la propuesta de una Renta Básica Universal carecían de solidez en el plano ético. Entonces, los detractores de la misma echaron mano del argumento económico: “Es de todo punto inviable, dado que su aplicación supondría un 12% del PIB”, según algunos calcularon con no demasiado rigor. Pero esa cifra se convirtió en un estereotipo que sería repetido hasta la saciedad por políticos desinformados, editorialistas temerarios, economistas frívolos y otros especialistas en confundir a la opinión pública.

Todos ellos debieran aprender ahora a echar las cuentas con mayor rigor. Pues los planes aprobados por el Gobierno de España para inyectar liquidez y subsidiar con avales al sistema bancario suponen un desembolso por parte del Erario público de 150.000 millones de euros, es decir, un 15% del PIB. Lo que ha venido a derrumbar el argumento de la inviabilidad presupuestaria de la Renta Básica. Si socorrer a los banqueros, principales responsables de la crisis económica, no plantea un gran problema a las arcas del Estado, entonces, también una Renta Básica es posible, al menos desde el punto de vista macroeconómico.

Dicen que las épocas de crisis son también épocas de oportunidades. Estamos ante una excelente oportunidad para aliviar las consecuencias de la crisis a quienes más lo necesitan: aquellos que siempre viven en crisis.

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Artículo  publicado originalmente en Carnet de Paro